Biomar OIL contra el Ministerio de Ribera: denuncia prevaricación al dejarles fuera de la distribución

Biomar OIL señala al subdirector general de hidrocarburos y nuevos combustibles del Ministerio que dirige Teresa Ribera como «prevaricador» por la forma en la que «evitó» que la compañía tuviera acceso al sistema de distribución en España. La querella, admitida a trámite y a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la interpone directamente la propia compañía, BIOMAR OIL S.L., que se siente «directamente perjudicada».

Según el documento, Biomar presentó múltiples solicitudes de certificados de biocarburantes que fueron eliminadas sin justificación ni preaviso por la plataforma SICBIOS del Ministerio para la Transición Ecológica. De hecho, la propia compañía destaca en su escrito que «da por hecho» que la eliminación de su información se produjo «de forma involuntaria», lo que no restaba valor al hecho de que debían de volver a realizar la entrega de todos los documentos a la plataforma.

En la plataforma tienen la obligación de inscribirse las operadoras que quieran participar de la distribución posteriormente, y los funcionarios deben evaluar esas solicitudes individualmente, pedir la documentación que consideren que falta y, salvo que se incurra en algún error que no sea posible subsanar o que existan deudas de la empresa con la administración, deben admitir a la empresa.

Biomar explica que tuvieron que volver a subir toda la información a la plataforma porque se había producido un fallo informático que solo les había afectado a ellos, «de lo que el propio Ministerio admitió culpa y por eso se permitió que de nuevo aportaran la documentación». Tras eso, además, se les solicitó una compensación económica por parte de José Luis Cabo Sánchez, encargado de este asunto en la Secretaría de Estado de Energía.

La empresa tuvo que volver a subir la información fuera de plazo con el consentimiento del Ministerio. No solo Biomar Oil presentó una queja, también lo hicieron las consultoras colaboradoras, detallando en su queja «la imposibilidad de subir nuevamente la información que se les requería».

El 31 de mayo de 2024, la Secretaría de Estado de Energía denegó las solicitudes basándose en la supuesta falta de documentación a pesar de que, según argumenta Biomar, fue imposible y el fallo en la supresión no era algo que le pudieran achacar a la compañía.

Exigencia de compensación

La compañía, además, se sorprendió cuando la resolución firmada por José Luis Cabo Sánchez impuso un pago compensatorio de 218,283,762 euros a Biomar Oil S.L. en tanto que desde la empresa consideraban que habían sido perjudicados, y no al contrario.

Cumplimiento de la normativa

Según la querella de Biomar Oil, se habían cumplido con todos los requisitos documentales exigidos. La documentación entregada y los registros administrativos confirmaron dicho cumplimiento y, pese a todo, se les imputaba un pago compensatorio y se les negaba la posibilidad de acceder al sistema de distribución como operadores.

Por todo esto, la compañía considera que la actuación de José Luis Cabo Sánchez al firmar la resolución denegatoria sin fundamento legal constituye prevaricación administrativa, definida en el artículo 404 del Código Penal. Se señala en el escrito «la arbitrariedad de la resolución y el conocimiento de su injusticia por parte del funcionario».

Biomar presentó alegaciones señalando los errores de la resolución el pasado mes de junio, incluyendo «la falta de rigor en el cálculo de certificados, la falta de contabilización de combustibles gestionados a través de Exolum o los distintos fallos técnicos». A todo eso, que entienden desde la compañía que era conocido por distintas personas -más allá del firmante desde el ministerio-, suman desde Biomar la falta de seguridad jurídica provocada.

Es por todo esto que Biomar carga contra el ministerio que dirige Teresa Ribera, entendiendo que se ha producido prevaricación para apartar a la compañía del proceso de contratación de la distribución de combustibles en España.

Hay dos cosas que llaman particularmente la atención tanto en el documento como en lo que ambas partes entienden y dan por sucedido. La primera es que los combustibles que ya gestiona Exolum -dependiente de Biomar- no fueran contabilizados correctamente, y la segunda es el dinero. Que se imputara una deuda de 218,283,762 euros deja a la compañía en una situación de patrimonio negativo con sus acreedores, y dificulta las operaciones habituales de Biomar Oil.